La Habana, 15 sept
(RHC)- Una nueva filtración de WikiLeaks revela que el Acuerdo Internacional
sobre Comercio de Servicios (TiSA, por sus siglas en inglés) –conocido como el
'TTIP de los servicios'– permitirá imponer sanciones económicas a los países
que no cumplan sus exigencias, según el diario español Público que ha accedido
en exclusiva.
Los documentos filtrados demuestran
que el TiSA daría un enorme poder sobre los Estados firmantes a los paneles de
arbitraje, de manera que incluso podrían "decidir de facto si los
gobernantes deben cambiar sus leyes", publicó el diario.
En concreto, estos paneles podrían
dictaminar resoluciones vinculantes sobre las disputas entre los Estados
firmantes relacionadas con uno de los aspectos de la "interpretación y la
aplicación" del pacto, y obligar a un país a compensar a otro
económicamente.
Según detalla Jane Kelsey, experta en este tipo de acuerdos
comerciales, "estos paneles pueden decidir de facto que los gobernantes
deben cambiar sus leyes, políticas o decisiones en relación con un enorme rango
de servicios e imponer penalizaciones económicas hasta que lo hagan".
Las propuestas para el mecanismo de
resolución de disputas se recogen en el documento titulado 'Institutional and
Dispute Settlement Provisions (non papers)', redactado por la Comisión Europea
y fechado el 4 de julio de 2016. Este documento de 30 páginas contiene 37
artículos que pretenden servir "como base para la discusión" de este
mecanismo, que no podrá ser "bloqueado" por los Estados firmantes.
¿Qué es el Acuerdo de Comercio de Servicios (TiSA)?
El acuerdo internacional sobre el comercio de servicios (TiSA,
por sus siglas en inglés) está siendo elaborado entre medio centenar de países.
Según reveló Wikileaks en 2015, este tratado secreto "impondrá a todos los
firmantes cláusulas que benefician a las grandes corporaciones multinacionales
en detrimento de la soberanía y de los intereses públicos de cada país". ¿Qué es el Acuerdo de Comercio de Servicios (TiSA)?
El TiSA pretende regular de manera
supranacional servicios de salud, agua, financieros, telecomunicaciones y
transporte, entre otros. Además, exige que haya "transparencia", lo
que, en realidad, se traduce en la obligación de los países de presentar
proyectos de ley internos antes de que sean aprobados para determinar su
viabilidad. EE.UU. y la UE
son los principales impulsores de este pacto que afecta a 50 países y a un
68,2% del comercio mundial de servicios.
Editado por Maria Calvo
Recopilado
y suministrado por:
Aura de
Grananados,
Adulta
Mayor de nuestra Aldea y de la
Comunidad
Cristiana “Jesús el Buen Pastor”
San Antonio de los Altos
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